Uno de los problemas que más llama la atención es la situación de reclusión que se vive en los distintos países, sobre todo en Hispanoamérica. El hecho de dejar libre a cientos de presos, la gente se pregunta si es o no Constitucional o se están violentando Derechos Humanos.
La Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice “…todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión”. Ésta ley debe ser compatible con el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la integridad corporal) y fueron explicadas en la observación general número 21 del Comité de Derechos Humanos.
A todo esto, la sociedad en general se pregunta, ¿si los reclusos tienen ciertos derechos o privilegios? ¿pueden ser víctimas los reclusos de fenómenos sociales, pandemia, gobiernos o instituciones?
Por supuesto que los individuos privados de la libertad también pueden ser víctimas y gozan de ciertos derechos y obligaciones como todo ciudadano, por lo cual, en este tiempo de crisis epidemiológica, pueden buscar la pre-liberación.
Según lo que manifiesta la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Convención Americana de los Derechos Humanos:
“Tratar a toda persona privada de su libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género…”
La sociedad no sólo debería estar pendiente de la pre-liberación masculina, la sociedad y las Asociaciones civiles deberían de estar pendientes de los distintos géneros como la mujer o grupos vulnerables como: enfermos terminales, las personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con hijos, entre otros.
En el Estado de México –y en el país- de sobremanera sabemos que la saturación de los Centros Penitenciarios es alta, y se deben trabajar por los Derechos Humanos de los reclusos ante esta pandemia del Covid-19, la Secretaria de Seguridad y el Poder Judicial en coordinación han decidido buscar garantizar de este derecho y liberar en principio a 59 personas, están a la espera de revisión 248 expedientes y se expidieron mil 835 brazaletes de geolocalización electrónica.
En estos casos de sobrepoblación en los penales se deben implementar los mecanismos de beneficios de preliberación para aquellas Personas Privadas de la Libertad (PPL) y no son individuos peligrosos para la sociedad. Se debe favorecer a los internos que presentan una buena conducta en su expediente, y que no hayan sido juagados por delitos menores. De la misma forma, se debe estudiar minuciosamente cada uno de los casos para otorgar este beneficio por la pandemia que estamos pasando.
